El reciente anuncio del Gobierno nacional de reabrir el debate sobre la Ley de Glaciares, con el objetivo de revisar su alcance para facilitar inversiones mineras, vuelve a colocar en el centro de la escena una tensión recurrente en la Argentina: ¿desarrollo económico o protección ambiental? La COP30 en Brasil —donde la región buscará mostrar liderazgo climático— ofrece un marco oportuno para revisar esa pregunta. Y la respuesta, si seguimos la evidencia científica y los estándares actuales de sostenibilidad corporativa, es clara: se trata de una falsa dicotomía.

Los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol estratégico para el país. Son reservas naturales de agua en un contexto donde el cambio climático, la disminución de nieve y el retroceso glaciar ya afectan los caudales de los ríos y la disponibilidad hídrica en las diez provincias andinas. Modificar su protección no es un debate técnico menor: es una discusión sobre la seguridad hídrica futura de millones de personas y sobre la resiliencia del territorio frente a un clima cada vez más extremo.

Desde la perspectiva corporativa, estas reservas no son un obstáculo para el desarrollo: son un activo estratégico. Quienes trabajamos en la formación de líderes sabemos que la sostenibilidad hoy exige integrar el capital natural en cada decisión relevante. El agua de montaña —su disponibilidad, estabilidad y calidad— es parte del mismo sistema que habilita o restringe las actividades productivas, incluidas las extractivas. Dañar ese sistema o subestimarlo no solo eleva los riesgos económicos, reputacionales y operativos: también profundiza divisiones comunitarias en torno al modelo de desarrollo, incrementa la conflictividad social y, finalmente, erosiona la licencia social para operar de las empresas.

Por eso, preocupa el argumento según el cual, para impulsar el crecimiento minero, habría que reducir el área de protección del ambiente periglacial. La ciencia muestra que ese ambiente es un continuo complejo —hielo visible, hielo subterráneo, glaciares de escombros activos e inactivos— que funciona como regulador hídrico natural. No puede “recortarse” sin dejar zonas críticas sin protección. Y tampoco existe hoy tecnología que garantice una minería verdaderamente sostenible sobre suelos congelados o inestables. El dilema, entonces, no es “minería sí o no”, sino dónde, cómo y bajo qué condiciones de gobernanza.

Argentina cuenta con vastas áreas aptas para el desarrollo minero fuera de las zonas criogénicas más sensibles. Lo que necesita no es flexibilizar estándares, sino fortalecerlos: mediante planificación territorial basada en cuencas, mayor transparencia en las evaluaciones de impacto ambiental y esquemas de gobernanza que integren a empresas, comunidades, provincias y Nación. La sostenibilidad corporativa madura aporta valor justamente desde esa capacidad de anticipar impactos, gestionar riesgos y construir licencia social como condición para cualquier proyecto de largo plazo.

Este año, desde el IAE Business School lanzamos junto a otras instituciones líderes una red de escuelas de negocios orientada a promover la sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales. En el marco de COP30, esto implica asumir una responsabilidad concreta: formar ejecutivos capaces de comprender que el valor económico no puede desvincularse del valor ambiental y social. La discusión sobre la Ley de Glaciares es un caso didáctico ejemplar: muestra cómo la falta de visión sistémica convierte debates estratégicos en dilemas falsos y costosos.

El desarrollo del país requiere inversión, reglas claras y diálogo público-privado. Pero requiere, sobre todo, de una mirada de largo plazo. Proteger nuestras reservas de agua no es un freno: es una condición habilitante. En un contexto global donde los mercados exigen estándares de sostenibilidad cada vez más rigurosos y donde la resiliencia hídrica será uno de los factores competitivos clave del siglo XXI, retroceder en protección ambiental no solo sería un error técnico: sería un mal negocio.