El proceso de estabilización iniciado en diciembre de 2023 ha mostrado éxito. La dinámica de precios interna, el tipo de cambio respecto al dólar estadounidense, el gasto público del gobierno nacional, la cantidad de dinero y las tasas de interés convergieron hacia niveles más adecuados tras la sustancial distorsión que generó la política económica del gobierno anterior.

La inflación interna medida por el índice de precios al consumidor (IPC) se sitúa en 2,9% mensual y 33% anual, luego de que en el inicio del gobierno la dinámica de precios mensual se registraba en torno al 25% y 211% anual. Asimismo, el tipo de cambio nominal pasó de un régimen de control discrecional, primero a un ajuste mensual de 2% con el inicio de desregulación en el acceso al mercado de cambios, y luego hacia bandas cambiarias ajustables de acuerdo a las condiciones internas de precios.

En ese contexto, el ajuste fiscal y la administración de la cantidad de dinero en la economía se conformaron como componentes principales para impulsar la estabilización, pese a los reclamos sociales tales como los ingresos de asalariados en dependencia del sector público (docentes, profesionales, entre otros), pues fueron parte de los sectores que vienen dirigiendo el ajuste. En efecto, el gasto corriente del sector público pasó de 21% del PIB promedio durante la década de 2010 a 16% en el año 2025, lo cual se evidencia como ancla fiscal y, simultáneamente, como una señal concreta hacia los mercados del abandono de la macroeconomía del populismo.

A su vez, en junio de 2024 se anuló otra fuente de emisión, es decir, la que se origina endógenamente en los intereses de los pasivos remunerados del BCRA. Junto con la eliminación del financiamiento monetario al Tesoro, vigente desde diciembre 2023, comenzaron a desactivarse fuentes de expansión que condicionaron el accionar de la política monetaria. Esto se tradujo en que a partir del segundo trimestre del 2025 la expansión mensual de base monetaria sea negativa (precios constantes y ajustada por efectos estacionales).

Estos primeros avances, importantes para la normalización del funcionamiento de la macroeconomía, deben observarse como tales, es decir, el principio de un programa. Desde este punto, las medidas de reformas estructurales necesarias comienzan a tener un mayor protagonismo en la demanda social. A esto se agrega un contexto internacional de cambios abruptos por diversos episodios transcurridos recientemente: mayores tensiones entre potencias económicas, represión al comercio internacional, acciones bélicas, incertidumbre sobre los efectos de la IA, entre otros.

Entretanto, la coyuntura argentina comienza a evidenciar un cambio de prioridades en los desafíos para la política económica. El logro inicial de la estabilización implica la generación de dificultades en materia de crecimiento económico debido a los efectos contractivos de las medidas para desacelerar el ritmo de crecimiento de precios. Ciertamente, hay una relación inversa entre abordar la inflación y la actividad económica: menores niveles de gasto público, suprimir la expansión monetaria y evitar que una mayor dinámica del tipo de cambio afecte la inflación son instrumentos que tienen un sesgo esencialmente contractivo sobre la actividad.

En ese esquema, el gobierno tiene una perspectiva orientada predominantemente a la libertad.