El debate actual sobre las empresas suele detenerse en las que dejan de operar, pero esa mirada es incompleta. Cada caso puede implicar puestos de trabajo que se pierden, proveedores que reducen sus ventas y comunidades que ven disminuir su actividad económica. Es razonable, por lo tanto, que estas situaciones ocupen un lugar central en la conversación pública. El riesgo aparece cuando se las transforma, sin mayor contexto, en una explicación general sobre la evolución de la economía. La cuestión de fondo es si el tejido productivo logra renovarse con nuevas firmas capaces de crecer.
Algunas empresas dejan de operar y otras comienzan a hacerlo, con proyectos, tecnologías y mercados diferentes. Lo relevante es que esa renovación resulte positiva: que las que se incorporan compensen a las que se retiran y amplíen la capacidad de generar empleo formal.
Los datos generados por la secretaría de Trabajo (OEDE) permiten seguir este proceso entre las firmas privadas que emplean trabajadores registrados. El reporte utiliza registros administrativos para identificar a las empresas que declaran personal ante la seguridad social. Considera una apertura cuando una firma comienza a declarar trabajadores y un cierre cuando deja de hacerlo. No capta la informalidad ni los emprendimientos sin empleados, pero su foco es central: reúne a las unidades que generan empleo con cobertura laboral y realizan aportes y contribuciones a la seguridad social.
Los datos no muestran una aceleración extraordinaria de las bajas empresariales durante la actual administración. Al comparar los primeros nueve trimestres de cada gestión, la trayectoria bajo el gobierno de Milei se ubica, en conjunto, por debajo de la observada en los períodos equivalentes de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y del gobierno de Macri. La evidencia, por lo tanto, no describe una ola excepcional de firmas que dejan de operar.
Cada salida empresarial conserva, de todos modos, consecuencias económicas y sociales relevantes. Durante el primer trimestre de 2026, 18.692 empresas empleadoras dejaron de declarar empleo y en ellas se perdieron 42.381 puestos de trabajo. Son efectos directos sobre trabajadores, familias y economías locales. Pero estas cifras, por sí solas, no permiten concluir que la economía atraviese un proceso inédito de destrucción empresarial.
El período de Alberto Fernández debe leerse como una excepción y no como una comparación ordinaria. La pandemia alteró de manera profunda el funcionamiento de la economía y del mercado de trabajo. Las restricciones a la actividad, la asistencia estatal, las prohibiciones de despidos y las demoras administrativas modificaron tanto las decisiones de las empresas como su registro estadístico.
La señal más preocupante aparece del lado de la creación de nuevas empresas empleadoras. Durante la actual gestión, las aperturas se ubican claramente por debajo de los períodos comparables. En el primer trimestre de 2026 se registraron 14.405 nuevas firmas empleadoras, frente a 18.692 que dejaron de declarar personal.
La debilidad en la creación de empresas responde a factores múltiples, no a una única causa. La decisión de iniciar una actividad, formalizar una firma y contratar al primer trabajador depende de las expectativas de demanda, las condiciones de financiamiento, la estabilidad macroeconómica, la carga tributaria, las reglas laborales y la previsibilidad. La información disponible no permite atribuir esta dinámica a una política específica ni a un solo factor.
De esta manera, el saldo neto confirma que el problema central es la insuficiente renovación del universo de empleadores. En el primer trimestre de 2024, el stock de empresas empleadoras se redujo en 4.287 unidades, equivalente al 0,7% del total. El debate suele concentrarse en las firmas que se retiran; los datos invitan a mirar también por qué surgen tan pocas nuevas unidades capaces de emplear formalmente.
Los datos todavía no permiten evaluar los efectos de la reforma laboral sobre la demografía empresaria. La información más reciente de OEDE corresponde al primer trimestre de 2024 y es provisoria, porque el organismo espera rectificaciones y regularizaciones antes de clasificar una baja como definitiva. La Ley 27.802 de Modernización Laboral fue publicada el 6 de marzo, de modo que el trimestre contiene solo algunas semanas bajo el nuevo marco normativo. El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, RIFL, comenzó a operar en mayo.
El RIFL busca facilitar la contratación formal reduciendo las contribuciones patronales de nuevos empleados. Es un beneficio de la reforma laboral: durante hasta 48 meses, las empresas que cumplen los requisitos pagan menos cargas patronales por cada incorporación alcanzada. Hasta agosto de 2024, 25.928 empresas habían utilizado el régimen para incorporar a 81.808 trabajadores. Representaban el 5,0% de los empleadores privados y el 1,3% del empleo asalariado privado registrado. Las compañías de hasta 50 trabajadores constituían el 87% de las usuarias.
La adopción inicial del régimen es relevante, pero aún no mide cuánto empleo adicional genera. Para responder esa pregunta será necesario observar en los próximos trimestres la evolución del empleo total, las nuevas aperturas y la supervivencia de las firmas. No toda contratación alcanzada por un incentivo equivale, necesariamente, a un puesto que no habría existido sin él.
En los próximos meses, de cara al año electoral, el dato clave será la evolución de las nuevas empresas empleadoras y su capacidad de sostenerse. La información disponible no describe un fenómeno excepcional de desaparición de empresas, sino una creación insuficiente para compensar las bajas habituales.
Distinguir ambos procesos permite reemplazar el dramatismo por un diagnóstico más preciso sobre el entramado productivo argentino.
Colaborador Científico en IAE Business School
Fuente/Copyright: Revista Noticias - Juan Pablo Filippini
