En el actual escenario económico, la palabra "emprendimiento" resuena con fuerza, evocando innovación, creatividad y oportunidades. Pero, ¿por qué esta chispa emprendedora florece con más facilidad en algunos contextos y no tanto en otros? Un reciente análisis de los países que integran la OCDE arrojó luz sobre este interrogante, destacando el papel crucial de la calidad de las instituciones.

No se trata solo de tener una buena idea sino de que el entorno, las reglas y hasta la cultura jueguen a favor.
Según la investigación, instituciones sólidas en áreas como la calidad regulatoria, la protección de la propiedad privada y el control de la corrupción son motores importantes de la llamada "oportunidad emprendedora". Es decir, cuando las reglas son claras se respetan tanto los derechos como la transparencia es la norma y más individuos perciben que existen buenas avenidas para iniciar un negocio. Esto va más allá de la mera supervivencia; se trata de identificar y aprovechar nichos de mercado, desarrollar productos innovadores y generar valor. Sin embargo, la influencia de las instituciones es un tapiz complejo.

El último informe del World Justice Project sobre el Índice de Estado de Derecho 2024 confirmó una sensación extendida: Argentina se encuentra atrasada en aspectos claves del funcionamiento institucional si se la compara con los países de la OCDE, el selecto club de las democracias desarrolladas.

El índice, que mide la solidez del estado de derecho, ubica a Argentina en la posición número 63 entre las 142 naciones evaluadas, con una puntuación de 0,55 sobre 1. Esto la coloca más de 19 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. La brecha se manifiesta en aspectos cotidianos y esenciales para la vida democrática, como la eficacia de la Justicia, el control de la corrupción, la capacidad del Estado para garantizar tanto la seguridad como los derechos y la fortaleza de los mecanismos que limitan el poder político.

Donde la diferencia duele más es en la ausencia de corrupción. Argentina presenta una brecha de casi 29 puntos en relación con el promedio de la OCDE. De acuerdo con el índice, el uso indebido de cargos públicos en todos los niveles aparece como una constante que erosiona la confianza ciudadana y distorsiona el funcionamiento de las instituciones. La fotografía que ofrece es la de un país atrapado en una tensión persistente entre sus aspiraciones normativas y su realidad institucional.

La distancia con la OCDE no es una mera cuestión de rankings. Refleja, en última instancia, el nivel de previsibilidad con el que una sociedad resuelve sus conflictos, protege sus derechos y limita el poder. Y en ese terreno, el desafío argentino sigue tan vigente como urgente.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se promueve una estrategia orientada a reducir trabas burocráticas como mecanismo anticorrupción, bajo una premisa: ante una menor intervención normativa, menor será el margen para las prácticas indebidas.

Se sostiene que los marcos legales excesivamente complejos no solo entorpecen la actividad económica sino que también fomentan el pago de sobornos y alimentan circuitos informales. No obstante, la resistencia a la desregulación es estructural. Cada intento de simplificación enfrenta a intereses consolidados: sindicatos, corporaciones protegidas por barreras de entrada e incluso burócratas cuyo rol depende de la existencia de estos entramados. Según el FMI, la mitad de todas las reformas estructurales propuestas en las últimas tres décadas nunca se llegó a implementarse debido a la presión de estos grupos.

La lucha contra la corrupción, por lo tanto, va más allá de una cuestión de justicia: también podría tener un impacto directo y positivo en la actividad emprendedora. Un menor nivel de corrupción implica un terreno de juego más nivelado y transparente, donde las oportunidades pueden surgir del talento y de la innovación en lugar de las influencias o de las prácticas corruptas.

Y, en ese mismo entorno, una visión más amplia y ética de la responsabilidad corporativa, donde servir a los accionistas implica servir a todos los stakeholders, puede conducir a un modelo de negocio más sostenible y con un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. La clave está en entender que las "reglas del juego" son normativas, pero también principios éticos que deben guiar la conducta empresarial.

La lección es clara: para navegar un entorno cada vez más complejo e incierto se necesitan instituciones de calidad. La política pública de lucha contra la corrupción sienta las bases para que florezca la oportunidad emprendedora. El desempeño del país en el Rule of Law Index pone en evidencia que no se trata de una fatalidad sino de una elección. Es una construcción política, jurídica y cultural. Y también un espejo: Argentina debe decidir si quiere seguir viendo en él un reflejo distorsionado o si se atreve, de una buena vez, a corregir la imagen asumiendo el costo y la dignidad de transformarse.