El sector público debe dejar de ser una caja negra y, cumpliendo parte del contrato fiscal, debe publicar un informe anual, en los tres niveles de gobierno, que muestre su producción y productividad. Entre ministerios, secretarías y subsecretarías, el Estado nacional tiene 274 organismos, además de una treintena de gabinetes de asesores. Un volumen inexplicable, contrario a la productividad y a la inclusión de los más necesitados.

Pese a los progresos del INDEC, todavía debe mejorarse sustancialmente la información. Un ejemplo es corregir la sub declaración de ingresos en las encuestas de hogares, que subestiman la desigualdad y sobreestiman la pobreza, sin negar la gravedad de ambos males en la Argentina de hoy.

Como ninguna otra, esta inversión aporta al mismo tiempo a la productividad y a la inclusión y es el núcleo central de la PI en un país como la Argentina. Posible instrumentos son una nueva ley de financiamiento educativo, vinculado a metas; fortalecer el combate contra la desigualdad educativa, con escuelas ricas de jornada extendida para los más pobres; continuidad de las evaluaciones censales, con devolución de resultados a las comunidades educativas para la mejora escolar; un nuevo contrato docente, con incentivos a los logros, optativo para quienes ejercen y obligatorio para los ingresantes; especialización de los institutos de formación docente; jerarquizar la preparación para el trabajo en la educación primaria, media, terciaria y en la formación profesional; inducir más vocaciones en ciencias duras y tecnologías; en el nivel superior, informar a los estudiantes las perspectivas de las profesiones que eligen (sólo se hizo en el año 2000); mejorar la articulación con el secundario; aumentar la cantidad de becas, financiadas con un impuesto a los graduados (como en Entre Ríos o en Uruguay) y mejorar continuamente su pertinencia, arraigo y relevancia, identificando las áreas de vacancia por regiones.

Inversión en ciencia y tecnología, basada en un nuevo plan estratégico y con asignaciones crecientes a las áreas prioritarias. Junto a un rumbo claro del país, esto podría ayudar a reducir la fuga de cerebros que nos afecta, erráticamente, desde hace décadas.

Para ser tal, la PI debe aumentar la productividad aumentando el empleo. Un camino relevante para eso es bajar el costo laboral no salarial, que en la Argentina supera a dos tercios a los de los países desarrollados. Eso facilitaría la formalización de muchos trabajadores, algo esencial para la PI. También es esencial reemplazar los planes sociales permanentes, salvo la AUH, por capacitaciones laborales personalizadas y posterior acceso de sus beneficiarios al empleo formal.

En la Argentina pre-Covid era mucho mayor la malnutrición que la desnutrición. Este problema mejoraría si la tarjeta alimentaria vigente tuviera descuentos mayores para los alimentos más nutritivos. La salud es otro componente esencial de la inclusión. El acceso a ella podría facilitarse, gradualmente, con una cobertura universal y una solución financiera para el PAMI, muy compleja.

En la agenda pendiente del proyecto PI figuran las dificultades que se oponen a la plena realización de las mujeres y de minorías, por ejemplo, en el mercado laboral; también, las desigualdades intergeneracionales, en especial la previsional y la ambiental, ambas muy postergadas. Y está pendiente además la esencial cuestión de la vivienda y el hábitat dignos.