El sector público debe dejar de ser una caja negra y, cumpliendo parte del contrato fiscal, debe publicar un informe anual, en los tres niveles de gobierno, que muestre su producción y productividad. Entre ministerios, secretarías y subsecretarías, el Estado nacional tiene 274 organismos, además de una treintena de gabinetes de asesores. Un volumen inexplicable, contrario a la productividad y a la inclusión de los más necesitados.

Pese a los progresos del Indec, todavía debe mejorarse sustancialmente la información. Un ejemplo es corregir la subdeclaración de ingresos en las encuestas de hogares, que subestiman la desigualdad y sobreestiman la pobreza, sin negar la gravedad de ambos males en la Argentina de hoy.

Como ninguna otra, esta inversión aporta al mismo tiempo a la productividad y a la inclusión y es el núcleo central de la PI en un país como la Argentina. Posibles instrumentos son una nueva ley de financiamiento educativo, vinculada a metas; fortalecer el combate contra la desigualdad educativa, con escuelas ricas de jornada extendida para los más pobres; continuidad de las evaluaciones censales, con devolución de resultados a las comunidades educativas para la mejora escolar; un nuevo contrato docente, con incentivos a los logros, optativo para quienes ejercen y obligatorio para los ingresantes; especialización de los institutos de formación docente; jerarquizar la preparación para el trabajo en la educación primaria, media, terciaria y en la formación profesional; inducir más vocaciones en ciencias duras y tecnologías; en el nivel superior, informar a los estudiantes las perspectivas de las profesiones que eligen (como se hizo en el año 2000); mejorar la articulación con el secundario; aumentar la cantidad de becas, financiadas con un impuesto a los graduados (como en Entre Ríos o en Uruguay) y mejorar continuamente su pertinencia, arraigo y relevancia, identificando las áreas de vacancia por regiones.

La Argentina necesita invertir en capítal físico no menos de un 20% del PIB (producto interno bruto), 6 puntos o 25.000 millones de dólares más que en 2020. El aumento será gradual pero, para lograrlo, es esencial un rumbo claro y acordado del país y la previsibilidad, que requiere seguridad jurídica protegida por un poder judicial independiente, temas aun irresueltos en la Argentina. Sin un aumento de este índole no será posible reducir el desempleo, el empleo informal y la pobreza.

Basada en un nuevo plan estratégico, con asignaciones crecientes a las áreas prioritarias. Junto a un rumbo claro del país, esto podría ayudar a reducir la fuga de cerebros que nos afecta, erráticamente, desde hace décadas.

Para ser tal, la PI debe aumentar la productividad sin reducir el empleo. Un camino relevante para eso es bajar el costo laboral no salarial, que en la Argentina supera en dos tercios a los de los países desarrollados. Eso facilitaría la formalización de muchos trabajadores, algo esencial para la PI. También es esencial reemplazar los planes sociales permanentes, salvo la AUH, por capacitaciones laborales personalizadas con posterior acceso de sus beneficiarios al empleo formal.

En la Argentina pre-Covid era mucho mayor la malnutrición que la desnutrición. Este problema mejoraría si la tarjeta alimentaria vigente tuviera descuentos mayores para los alimentos más nutritivos. La salud es otro componente esencial de la inclusión. El acceso a ella podría facilitarse, gradualmente, con una cobertura universal y una solución financiera para el PAMI, muy compleja.

Otras dimensiones claves del proyecto PI son la plena realización de las mujeres y la inclusión integral de las personas con capacidades diferentes, sobre todo en las oportunidades e ingresos laborales. En otro orden, hay mucho por hacer en la solidaridad intergeneracional, sobre todo en los ingresos y en los derechos y, por otro lado y vinculado a ello, en el logro de un medio ambiente sano. También está pendiente el acceso a una vivienda y hábitat dignos.