Índice

1. Marina Dal Poggetto: El mundo nos ayuda, pero el camino no es lineal
2. Lucas Pussetto: ¿Se pueden conciliar la evolución de la actividad y la del empleo? 
3. Carolina Donnelly: ¿Cuánto empleo pueden generar la minería y la energía?
4. Damián Falcone: Boom del RIGI con caída de la inversión 
5. Paul Segal: La paradoja de la informalidad: por qué todos la combaten y todos la toleran

El mundo nos ayuda, pero el camino no es lineal

Por Marina Dal Poggetto, profesora de Economía en IAE Business School

Si bien la agenda global sigue siendo un torbellino, centrada esta semana en la pulseada del secretario del Tesoro de EE.UU. por moderar la curva de rendimientos de la deuda, lo cierto es que, por ahora, la combinación de los precios de la energía y un riesgo emergente que se mantiene relativamente aislado de este movimiento y de los coletazos de la guerra y la geopolítica sigue favoreciendo a la Argentina.

Los datos del sector externo de julio, con importaciones frenadas y exportaciones que se mantienen cerca de USD 9.000 millones por mes, sostienen un superávit mensual por encima de USD 2.000 millones y elevan la proyección de balanza comercial para el año a la zona de USD 26.000 millones, con otros USD 10.000 millones de superávit en los cinco meses que quedan del año. En este contexto, y frente a colocaciones de deuda privada y de provincias en el mercado que se ralentizan, pero están lejos de frenarse, el BCRA sigue comprando menos dólares, pero compra. Van casi USD 14.000 millones desde que arrancó el programa de compras a principios de año y la acumulación de reservas netas en la definición del FMI alcanza casi USD 9.000 millones, superando los USD 8.000 millones incluidos en el acuerdo con el Fondo.

Sin embargo, a pesar de esta bonanza del sector externo, la normalización financiera observada desde la elección de octubre pasado se tomó un impasse. El riesgo país superó los 500 puntos básicos después de haber tocado los 400 un mes y medio atrás, y la tasa forward -la implícita en extender de octubre de 2027, un día después de la elección, a noviembre de 2028 la deuda en dólares del Tesoro emitida localmente- saltó al 15,4%, luego de haberse ubicado en 11% un mes y medio atrás.

Recordemos que el programa financiero presentado cierra si se logra extender el horizonte más allá de octubre de 2027. Una fecha de la cual todavía estamos lejos, pero a la que indefectiblemente nos vamos acercando, con encuestas que empiezan a mostrar el daño de una economía dual, con muchos sectores que no terminan de arrancar; una enorme incertidumbre sobre la oferta electoral; y, en el último mes, mayores dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda suspender las PASO. Ahí aparece la tensión. Los dólares están y el sector externo ayuda, pero el mercado empieza a incorporar un calendario político que se acerca y una economía real que sigue mostrando dificultades.

En el medio, el intento de sostener el dólar con un techo de $1.500, después del corrimiento de junio, restringiendo la liquidez del sistema, empezó a impactar sobre las tasas de interés, aun con una inflación que en agosto habría vuelto a caer un escalón: nuestro Relevamiento de Precios Minoristas apunta a 1,5%, con la inflación núcleo en 1,8%. La caución, que se había mantenido en torno al 20% desde fines de febrero, empezó a subir hasta tocar el 30%. La suba impactó sobre el costo de fondeo del Tesoro y del sistema financiero y comenzó a trasladarse a las tasas activas más cortas; las largas nunca habían descomprimido.

Esto último, y su impacto sobre la mora de las personas, sigue siendo una de las trabas del programa en una economía donde los ingresos formales se mantienen estancados, el empleo formal sigue cayendo y la política fiscal -sobre todo en la Nación- se ve obligada a un mayor ajuste del gasto frente a una caída en la recaudación que, corregida por el calendario de pagos del impuesto a las Ganancias, ya lleva 12 meses consecutivos. Las provincias, en su mayoría, vienen sorteando la caída de la recaudación apelando al endeudamiento, que en parte está siendo direccionado a financiar obra pública con vistas al calendario electoral.

Frente a esto, diez días atrás, el BCRA devolvió liquidez al sistema, las tasas descomprimieron y esta semana el dólar rompió en forma controlada el techo de $1.500, para ubicarse en torno a $1.512. A la venta de cobertura vía deuda indexada al dólar se sumó esta semana la venta de cobertura en A3. La inyección de liquidez descomprimió las tasas y esta semana el Tesoro refinanció el 96% de los fuertes vencimientos de pesos de fin de agosto, aunque a plazos más cortos.

Falta mucho, pero los movimientos de los últimos días nos recuerdan que el camino a 2027 no va a ser lineal. La pregunta del millón es si el armado político y las encuestas pueden o no acotar la volatilidad financiera y su impacto sobre la economía y la inflación a medida que nos adentremos en el año electoral.

La otra pregunta es si, en esa transición, el secretario del Tesoro estadounidense, hoy ocupado en otra pulseada dentro de un gobierno que enfrenta elecciones de medio término en octubre, va a volver a estar disponible -como en septiembre pasado- para actuar como prestamista de última instancia si hiciera falta.

¿Se pueden conciliar la evolución de la actividad y la del empleo?

Por Lucas Pussetto, profesor de Economía en IAE Business School

La evolución del empleo privado y del nivel de actividad económica se han convertido en uno de los ejes centrales del debate económico argentino de los últimos meses. Distintas lecturas conviven sin mayor matiz. Para unos, la reactivación productiva ya se refleja en la creación de puestos de trabajo; para otros, el estancamiento del empleo formal es prueba de que la recuperación es apenas estadística y no llega en profundidad a la economía. Ambas posiciones, sin embargo, tienden a tratar la variación del empleo como si tuviera una sola causa, cuando en la realidad argentina confluyen dinámicas de naturaleza y horizontes temporales muy distintos.

Para calibrar correctamente el diagnóstico conviene empezar por los indicadores adecuados y por cómo deben leerse. El punto de partida es la tasa de desocupación y la tasa de subocupación que publica el INDEC con periodicidad trimestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. La subocupación mide a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y es un indicador clave porque suele anticipar cambios en el mercado laboral antes de que se reflejen en la desocupación abierta porque se supone que las empresas ajustan primero las horas trabajadas y recién después la dotación.

En términos de variaciones interanuales, los datos de desocupación y subocupación no muestran un deterioro pronunciado. Tal como se observa en el primer gráfico que acompaña esta columna, ambas aumentaron con fuerza en 2024, pero en 2025 mostraron una leve mejoría hasta el último trimestre. El último dato disponible, correspondiente al primer trimestre de este año, muestra que la desocupación prácticamente no cambió en relación a igual período de 2025 y 2024, y que estuvo menos de un punto porcentual por encima del primer trimestre del 2023. Con la subocupación ocurrió algo similar, salvo en enero – marzo de este año.

Este comportamiento parece responder, sencillamente, al ciclo económico. En 2024 la economía cayó un 1,4% y la desocupación y la subocupación aumentaron casi en la misma magnitud: 1 punto porcentual (p.p.). En 2025 la economía creció 4,4%, la subocupación cayó 0,2 p.p. y la desocupación aumentó 0,3 p.p. Este último dato fue, probablemente, el detonante del debate entre la supuesta divergencia entre la trayectoria de la actividad económica y la del empleo. 

Este comportamiento cíclico tiene, sin embargo, dos matices que conviene precisar. Uno de ellos es que históricamente la elasticidad de la desocupación ante cambios en el PIB no ha sido demasiado elevada en Argentina. Un segundo punto es que los valores actuales de desocupación no son particularmente elevados. Esto es relevante porque la respuesta de la desocupación al crecimiento es rápida y profunda cuando la desocupación es elevada (por encima del 10%), pero cuando es baja, la respuesta se vuelve más lenta y de menor magnitud.

Por otra parte, ¿qué muestran los datos de empleo? La serie que está bajo observación es la del empleo asalariado registrado del sector privado, que incluye a los trabajadores formales en relación de dependencia, con contratos y declarados ante la seguridad social. El siguiente gráfico compara las variaciones trimestrales desestacionalizadas de esta masa de trabajadores en comparación con las variaciones trimestrales (también desestacionalizadas) del PIB. Es importante señalar que el trabajo formal ya había comenzado a contraerse en la última parte de 2023 y que en la última parte de 2024 se recuperó y luego se estabilizó en el primer semestre de 2025. En los dos últimos trimestres del año pasado y en el primero de este año volvió a contraerse (y muy probablemente también lo haya hecho en el segundo trimestre de este año), a pesar de que la economía continuó creciendo.

Si se considera el empleo privado total (asalariados privados + asalariados de casas particulares + autónomos + monotributistas) las conclusiones son similares, pero con algunas diferencias importantes: menor caída en 2024 y mejor comportamiento de 2025 en adelante. La conclusión sería que la caída del empleo privado se detuvo a partir del tercer trimestre de 2024. Pero tampoco hubo creación genuina.

¿Cómo explicar esta aparente contradicción? ¿Cuánto de esto es comportamiento cíclico y cuánto es el resultado de la política económica y de los profundos cambios que está experimentando el país en su estructura productiva? No hay demasiadas dudas de que el nivel actual del tipo de cambio, cierta apertura de importaciones, elevadas tasas de interés y la austeridad de la política fiscal no sólo no incentivan la creación de empleo a corto plazo, sino que incluso pueden forzar a las empresas más comprometidas a reducir la cantidad de empleados. A esto se suma la informalidad y el costo laboral, que sigue siendo alto, aunque probablemente su peso relativo al momento de explicar las variaciones sea menor al que se le atribuye.

Pero la dimensión estructural es muy importante. El cambio de matriz productiva y exportadora, con la energía y la minería ganando peso, implica la generación de empleo de alta productividad, pero baja intensidad laboral relativa. El derrame en esos sectores (sobre todo en empleo indirecto) llevará tiempo. Y, por otra parte, la irrupción de la inteligencia artificial (IA), todavía incipiente pero ya visible en la composición de las contrataciones y particularmente en perfiles junior de servicios profesionales. La evidencia internacional sugiere que el efecto neto dependerá de si la IA complementa o sustituye tareas, algo que en Argentina todavía no está medido con series propias.

En síntesis, un año (o menos) de desacople entre las series de actividad económica y de empleo es una muestra demasiado acotada para concluir que la nueva trayectoria en la que está ingresando la economía argentina conlleve dificultades para crear empleos. Se necesita tiempo. No hay evidencia de países que hayan crecido de forma sostenida durante varios años (no uno o dos) sin generar empleo. Argentina no tiene por qué ser la excepción.

¿Cuánto empleo pueden generar la minería y la energía?

Por Carolina Donnelly, colaboradora científica en IAE Business School

Argentina LNG, el proyecto impulsado por YPF para producir y exportar gas natural licuado, presentó este mes su solicitud de adhesión al RIGI. La inversión prevista asciende a USD 51.000 millones y se proyectan USD 15.000 millones de compras de bienes y servicios a proveedores nacionales. Según estimaciones de YPF, durante la construcción el proyecto generaría unos 20.000 puestos de trabajo anuales (entre directos e indirectos), con picos de hasta 40.000. Una vez operativo, sostendría alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos. La noticia pone nuevamente en agenda una discusión relevante. Los sectores que hoy lideran el crecimiento en Argentina (minería, energía y agro) son intensivos en capital y generan relativamente poco empleo directo en relación con el volumen de inversión y producción. Sin embargo, medir su impacto laboral únicamente por los puestos que generan de manera directa puede ser incompleto. Su capacidad de creación de empleo depende también de los encadenamientos que desarrollan con otros bienes y servicios y del efecto multiplicador que esos vínculos generan sobre el resto de la economía.

Australia ofrece un buen ejemplo de esto. En las últimas décadas, la minería ganó peso en su estructura productiva y pasó de representar alrededor del 5% del PBI en 1990 a cerca del 15% en la actualidad. Este cambio estructural tuvo impacto a nivel geográfico en el empleo: entre 1990 y 2025, Queensland y Western Australia, dos de los principales estados mineros, aumentaron su participación en el empleo nacional en 3,7 y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente. Al mismo tiempo, New South Wales y Victoria, donde se ubican los grandes centros industriales de Sidney y Melbourne, perdieron peso.

Notas: Las columnas grises corresponden a 1990, las rojas y azules al 2025. ACT = Australian Capital Territory; NT = Northern Territory.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Australian Bureau of Statistics (ABS), Labour Force Survey, Employed persons by State and Territory.

Lo que sucedió en Australia fue que las empresas mineras enfrentaban problemas operativos específicos (por las distancias, las condiciones geológicas y la escala de los proyectos) para los cuales los proveedores internacionales no siempre ofrecían soluciones adecuadas. Esa demanda abrió espacio para que empresas locales desarrollaran soluciones específicas que, con el tiempo, terminaron exportando al mundo. De esta forma, se consolidó el ecosistema de proveedores de equipamiento, tecnología y servicios conocido como METS (Mining Equipment, Technology and Services) alrededor de la actividad minera. El sector incluye actividades que van desde ingeniería, equipamiento y mantenimiento hasta software, automatización y servicios especializados. Una estimación de Deloitte para 2019-20 calculó que minería y METS sostenían unos 483.000 empleos directos y cerca de 648.000 indirectos en Australia: más de 1,1 millones de puestos de trabajo, y alrededor del 11% del empleo del país.

En Chile se ve algo parecido. En el 2025, la minería empleaba directamente a más de 300.000 personas, pero generaba otros 900.000 empleos de manera indirecta. En total, más de 1,2 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 13% del empleo del país. Según el Consejo Minero chileno, por cada empleo directo en minería se generan alrededor de 3 empleos indirectos.

Chile: Empleo directo e indirecto en minería

Notas: (1) Considerando 3 trimestres móviles 2026 (ene-mar; feb-abr; mar-may). (2) Para 2024 – 2026 se utiliza 3 como multiplicador, correspondiente al último dato disponible.

Fuente: Consejo Minero a partir de información de INE, Cochilco; 2026.

Según estimaciones del Ministerio de Producción, en Argentina la extracción de petróleo y minería están entre los sectores de mayor potencial de generación de empleo indirecto. En el sector petrolero, por cada puesto directo se generan más de cinco puestos adicionales de manera indirecta; en minería, el empleo indirecto representa cerca de la mitad del efecto total sobre el empleo.

Argentina: Multiplicadores de empleo distribuidos entre efecto directo e indirecto

Fuente: “La densidad de la estructura productiva y el empleo”, CEPXXI, Ministerio de Producción. Año 2021.

El impacto total tiene que ver con cuánto tejido productivo se forma alrededor de los grandes proyectos. Si el crecimiento de energía y minería que hoy atraviesa Argentina logra traccionar proveedores, tecnología y servicios locales, su efecto sobre el empleo puede extenderse bastante más allá del yacimiento o de la mina. Para las empresas argentinas, la pregunta relevante puede ser qué problemas nuevos van a necesitar resolver estos sectores y qué productos o servicios pueden ofrecerles. El principal desafío estará en convertir la expansión de los recursos naturales en una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades productivas.

Boom de RIGI con caída de la inversión

Por Damián Falcone, profesor de Gestión de Riesgos y Finanzas en IAE Business School

Hay una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. La inflación cedió, la economía se flexibiliza, se avanza en la apertura comercial y se anuncian inversiones por montos sin precedentes. ¿Por qué razón, entonces, la inversión cae? La pregunta incomoda, pero merece una respuesta precisa porque de ella depende que el ordenamiento macroeconómico logrado se traduzca en crecimiento sostenido. Las razones no están en las limitaciones del programa económico, sino en el tiempo y las condiciones que los procesos de toma de decisiones de inversión necesitan para convencerse de que las reglas llegaron para quedarse.

Los datos del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la economía creció 2,3% interanual, traccionada por las exportaciones, que avanzaron 9,8%, y por el consumo privado, que subió 2,7%. Sin embargo, la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada. La inversión pasó de representar el 20,0% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes.

Lo más interesante se observa analizando el detalle. La inversión en construcción creció 2,2%, mientras que en el rubro maquinaria y equipo retrocedió 18,1% y en equipo de transporte, 19,6%. Es decir, un solo rubro, maquinaria y equipo, explica el 76% de la caída total. Entonces, el problema no es tanto el nivel de la construcción sino la falta de gasto en equipamiento productivo. Se trata, precisamente, del componente que amplía la capacidad de producción y que responde a decisiones empresarias de mediano plazo, todavía condicionadas por elevadas tasas de interés reales positivas, una demanda interna que muestra una recuperación lenta y un proceso de apertura que obliga a redefinir las estrategias.

El RIGI ha sido un acierto y, debido al volumen alcanzado, tiene la capacidad de transformar la matriz exportadora argentina. Pero el debate público confunde tres magnitudes distintas. Entre agosto de 2024 y abril de 2026 se presentaron 35 proyectos por USD 81.104 millones (Observatorio del RIGI, sobre datos oficiales). Según la plataforma oficial del Ministerio de Economía, a junio de 2026 se habían aprobado 16 por un total de USD 29.892 millones. Para los primeros 12 proyectos aprobados, la información oficial prevé desembolsos por USD 1.920 millones durante sus dos primeros años. Entonces, presentar, aprobar y desembolsar no son la misma cosa.

Ese último número equivale a unos USD 960 millones anuales: menos del 1% de la inversión anual argentina. Si la totalidad de lo aprobado se ejecutara en seis años, horizonte razonable para proyectos mineros y energéticos, el flujo rondaría los USD 5.000 millones anuales y llevaría la inversión de 17,2% a 17,9% del producto aproximadamente. La referencia internacional resulta exigente: el informe The Growth Report, elaborado en 2008 por la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo y publicado por el Banco Mundial, analizó las trece economías que crecieron a un ritmo mayor del 7% anual o más durante veinticinco años y ubicó el umbral de inversión necesario en torno al 25% del PBI. La brecha argentina asciende hoy a casi 8 puntos. El RIGI cubre, en su mejor escenario, alrededor del 9% de esa distancia. En los valores actuales, el mismo tiene tres límites naturales: más del 95% del volumen anunciado corresponde a minería e hidrocarburos; su impacto es un cambio de nivel y no una trayectoria porque el capital que hoy se contabiliza pertenece a la etapa de construcción; y no alcanza a las decenas de miles de empresas que nunca calificarán para un régimen especial. Esto último abre una nueva pregunta: ¿se necesitaría un Mini-RIGI?

Douglass North, Premio Nobel 1993, definió las instituciones como las reglas de juego que estructuran la interacción y determinan el horizonte de cálculo de quien invierte. Un régimen de excepción como el RIGI es, en el fondo, un sustituto contractual de esa previsibilidad: si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante treinta años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena. El instrumento es correcto para esta etapa, pero el objetivo de largo plazo debería ser volverlo innecesario.

Aquí la política tiene una responsabilidad central. El caso de Brasil en 2002 resulta ilustrativo. La eventual llegada de Lula al gobierno generó un temor considerable en los mercados ya que se dudaba de la continuidad de las políticas pro-inversión de Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, una vez en funciones, la nueva administración mantuvo el rumbo económico dándole estabilidad y previsibilidad a los inversores. El riesgo país retrocedió con rapidez. La lección es clara: lo que se pondera no es la orientación ideológica de un gobierno, sino la previsibilidad de las reglas. Construir consensos amplios sobre el marco macroeconómico, la apertura comercial y el respeto de los contratos es hoy la contribución más valiosa que puede hacer el sistema político argentino.

A ese acuerdo institucional deben sumarse dos condiciones concretas. La primera es la consolidación del ordenamiento macroeconómico ya alcanzado: inflación baja de manera duradera, tasas reales compatibles con proyectos productivos y acumulación genuina de reservas. La segunda es el desarrollo del financiamiento de largo plazo. La Argentina exhibe la relación entre crédito al sector privado y PBI más baja de la región; sin ahorro interno canalizado hacia plazos largos, la inversión seguirá dependiendo de capital externo concentrado en recursos naturales.

El ordenamiento fiscal, la desaceleración de la inflación y la apertura comercial constituyen condiciones necesarias para invertir, y el RIGI aporta una cartera de proyectos por montos muy considerables. Pero son condiciones necesarias, no suficientes. Mientras la inversión permanezca casi ocho puntos del producto por debajo del umbral que la evidencia internacional asocia al crecimiento sostenido, la recuperación seguirá dependiendo de factores que no controlamos. Cerrar esa brecha no es una tarea de incentivos fiscales adicionales: es una tarea institucional y su principal insumo es la previsibilidad.

La paradoja de la informalidad: por qué todos la combaten y todos la toleran

Por Paul Segal, profesor de Economía en IAE Business School

La informalidad en Argentina es un enigma. El país tiene una regulación laboral extensa y una considerable capacidad de recaudación. Y, sin embargo, la informalidad persiste en más del 40% del empleo. Más desconcertante aún: los actores que deberían combatirla —gobiernos, empresas formales, trabajadores y sindicatos— frecuentemente la toleran en algunas de sus formas.

La explicación convencional es que los gobiernos tienen dificultades para hacer cumplir las normas, las empresas evaden impuestos y los trabajadores aceptan empleos informales porque no tienen alternativas mejores. Hay algo de cierto en esta explicación, pero es incompleta. En realidad, cada actor enfrenta tensiones dentro de sus propios intereses. Los gobiernos quieren ingresos fiscales, pero también empleo y flexibilidad política. Las empresas se oponen a la competencia informal mientras dependen de trabajadores y proveedores informales. Los trabajadores valoran la seguridad formal, pero también aspectos de la flexibilidad informal.

Estas contradicciones ayudan a explicar la persistencia de arreglos híbridos: firmas registradas que emplean trabajadores no registrados, trabajadores registrados sólo por parte de la jornada y cadenas de suministro que entrelazan elementos formales e informales.

A primera vista, un gobierno tiene todos los incentivos para perseguir la formalización. La formalización aporta ingresos, información y capacidad regulatoria. Argentina lo ha intentado mediante inspecciones laborales, reformas tributarias y campañas de registro de trabajadores domésticos. Pero la informalidad también cumple funciones. Reduce la carga tributaria efectiva sobre hogares de bajos ingresos, proporciona empleo cuando la creación formal es insuficiente y sostiene medios de vida que de otro modo podrían desaparecer.

La Salada ejemplifica esta tensión: miles de puestos en Lomas de Zamora generan empleo y ofrecen bienes baratos a consumidores de bajos ingresos. Los minoristas formales se quejan, justificadamente, de la competencia desleal. Pero las autoridades han alternado entre regular y tolerar. Una razón es que exigir un cumplimiento estricto también tendría costos económicos y políticos.

El servicio doméstico plantea una disyuntiva similar. La formalización amplía las protecciones, pero también aumenta los costos para los hogares empleadores y podría reducir la demanda de trabajo.

Las empresas formales critican la informalidad porque sus competidores evaden impuestos, contribuciones sociales y regulaciones. En una encuesta del Banco Mundial de 2017, el 72,5% de las empresas formales argentinas declaró competir contra firmas informales. Pero esas mismas empresas también pueden emplear trabajadores no registrados, subcontratar a firmas incumplidoras o comprar insumos de proveedores informales. En Brasil alrededor del 40% del empleo informal ocurre dentro de empresas formales. Las empresas pueden, entonces, favorecer la fiscalización de competidores informales mientras se resisten a la fiscalización que encarece sus propios arreglos informales.

Los trabajadores también enfrentan disyuntivas. Los impuestos y contribuciones sobre la nómina reducen los ingresos corrientes, mientras algunos beneficios futuros pueden percibirse como inciertos. Algunos prefieren mayores ingresos presentes, aunque sacrifiquen protecciones futuras.

También está la flexibilidad. En México se ha documentado que trabajadores eligieron deliberadamente la informalidad porque en sus empleos formales anteriores habían encontrado malas condiciones, poca autonomía y un trato poco respetuoso. Para ellos, la informalidad no era simplemente una segunda opción.

Las plataformas digitales ilustran una tensión similar. Investigaciones en Argentina sugieren que muchos trabajadores valoran su flexibilidad y autonomía y combinan el trabajo en plataformas con otras actividades. No eligen simplemente entre formalidad deseable e informalidad indeseable: comparan diferentes combinaciones de seguridad, flexibilidad e ingresos.

La informalidad persiste porque, aunque todos los actores principales enfrentan costos por su existencia, también obtienen algunos beneficios de ella. Por eso ninguno tiene un interés simple en eliminarla completamente.

Algunas políticas latinoamericanas reconocen implícitamente esta realidad. Las reformas del trabajo doméstico han buscado extender derechos sin esperar que desaparezca primero toda informalidad. Regímenes simplificados como el monotributo argentino intentan hacer que la entrada a la formalidad sea más gradual y alcanzable.

El desafío es diseñar instituciones para economías donde las formas híbridas probablemente persistirán: extender protecciones, reducir la complejidad administrativa y crear caminos intermedios hacia la formalidad.

La informalidad no persiste simplemente porque algunos la quieren y otros no consiguen eliminarla. Persiste también porque quienes quieren combatirla tienen, al mismo tiempo, razones para tolerarla. Una política eficaz tiene que empezar por reconocer esa contradicción.